El pasado miércoles 14 de agosto, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que había sido presentado por el senador Jorge Gandini (PN) el martes 6 de agosto, y que buscaba modificar los artículos 7 y 8 de la ley 18.832, en aquellos apartados que afectan la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Entre las modificaciones propuestas por el senador, se encuentran aquellas que limitan la potestad del presidente en la toma de decisiones, y que otorgan, por el contrario, un mayor rol decisivo a otros actores del directorio.
Entre la exposición de motivos del proyecto, se menciona que “los diferentes actores previstos para ejercer su dirección han enfrentado numerosas dificultades para ejecutar sus decisiones debido, directa o indirectamente a las atribuciones especiales que la ley de creación de la UAM le confiere a su presidente”. El alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, opinó que “lo que están haciendo es privatizar, dándole la potestad a los grandes empresarios de la producción el poder de armar todos los precios ellos, dirigir todo, y vetar lo que puede hacer el presidente”.
En una declaración reciente, el Concejo Municipal del Municipio A se expresó sobre las modificaciones aprobadas, argumentando que las mismas “cambian sustancialmente no solo la gobernanza sino el modelo de desarrollo implementado desde su creación, generando incertidumbre y preocupación sobre el futuro”. Al final de la declaración, el Concejo Municipal manifestó su “preocupación por la continuidad de la orientación, políticas de relacionamiento y el trabajo conjunto con nuestro territorio que hasta ahora ha sostenido la UAM”.
Grave y urgente
En una entrevista publicada por El Popular, el actual Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, explicó que la UAM “es un proyecto reestructurado de lo que era el viejo Mercado Modelo que empieza o plantea la introducción cogobernada de agentes sociales, básicamente productores, intermediarios, trabajadores, la Intendencia y demás”. En la misma línea, Zunino afirmó que el hecho de “que la Intendencia pierda el rol regulador en términos de los mercados hortofrutícolas”, repercutirá en que “la fijación de precios en frutas y hortalizas va a estar manejado por privados sin la incidencia de un esquema regulador por parte del Estado.”
En la misma entrevista, consultado por la decisión que tomó el gobierno con respecto a la UAM, Zunino opinó sobre la forma en la que se dio la aprobación de las modificaciones en la cámara de Diputados: “el proyecto que modifica toda la estructura de gobernanza de la UAM se vota como grave y urgente por lo tanto no pasa por la Comisión, no se estudia, no se informa, no se reciben a las delegaciones y termina votándose en Cámara”. Además, agregó que cuando el proyecto fue presentado en la cámara de senadores “ni siquiera se recibió a los trabajadores”.
Por otro lado, sobre los efectos de una posible privatización a raíz de las modificaciones aprobadas, el intendente aseguró que “si bien la Intendencia sigue formando parte de la estructura de la UAM pierde total poder de tomar decisiones, con lo cual queda siendo un actor nominal en el proceso de la UAM y los actores relevantes son los actores privados”. En la misma línea, consignó que “aquellos actores que el Estado debería regular en pro de el bien público, que sería la comercialización de alimentos en calidad y precios adecuados para la población, son los que manejan el organismo regulador.”
Se sacaron las ganas
El alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, se expresó sobre las modificaciones aprobadas recientemente, y dijo al respecto de la alteración de potestades, que “desde hace muchísimo tiempo vienen pretendiendo desplazar a la intendencia de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante años para la instalación de la UAM”. En la misma línea, Plachot agregó que “se sacaron las ganas de sacar a la Intendencia para afuera y sacarle la potestad a la [IDM] que trabajó con una gran inversión, porque la inversión la hizo toda la Intendencia de Montevideo”.
Por otro lado, Plachot manifestó su preocupación por los impactos de la pérdida de agencia en el rol que cumplia la Intendencia de Montevideo como órgano regulador entre los distintos actores que toman parte en la decisión sobre precios en la UAM: “realmente esto a corto y mediano plazo va a empezar a afectar a los pequeños y medianos productores, que van a tener que estar regidos por los precios que le marcan los grandes productores, y principalmente a los consumidores, [porque] el precio final va a depender del precio que pongan en el mercado los grandes productores del país.”
Para Plachot, la pérdida de incidencia de la Intendencia de Montevideo en el control de los valores de mercado de frutas y hortalizas, “es una forma es una privatización de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana” que “hasta ahora venía distribuido de una forma donde había una participación amplia: intendencia, gobierno, productores, granjeros… estaban todos contemplados dentro de la organización, incluso funcionarios de la UAM”, y que con las modificaciones introducidas, “con tres votos nomas, pueden definir, y los tres votos son de los grandes productores”.
Las modificaciones
La versión original del artículo 7 de la ley 18.832, que determina responsabilidades del Directorio y potestades del presidente, estipulaba que “las resoluciones referidas a la aprobación del presupuesto, a gastos o inversiones y a aspectos que refieren a la política institucional de la empresa, deberán contar con el voto conforme del presidente”, apartado que con las modificaciones aprobadas, queda eliminado.
Por otro lado, en lo referido a las competencias de la mesa ejecutiva expresadas en el artículo número 8 de la ley, se destacaba que “la Mesa Ejecutiva sesionará con un mínimo de tres miembros, entre los que necesariamente deberá estar el presidente, y adoptará sus resoluciones por mayoría de presentes”, mientras que la versión actual, elimina la necesidad de la presencia del presidente del directorio entre los miembros destinados a sesionar.
En el mismo artículo, se eliminó el fragmento de texto que habilitaba al presidente a que “en un plazo de cinco días hábiles” pudiera “realizar observaciones sobre decisiones de la Mesa Ejecutiva que refieran a gastos e inversiones”. En la misma línea, se eliminó también el apartado que preveía que “si la observación no fuera contemplada por la mayoría de la mesa ejecutiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, la misma y sus antecedentes serán remitidos al Intendente de Montevideo quien dispondrá de un plazo de treinta días corridos para resolver”.
